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Madrid (España), 12/10/09. OPI
Mientras el Gobierno asegura que la nueva ley democratizará definitivamente la comunicación en Argentina, la oposición rechazó el proyecto al considerar que permitirá un mayor poder del Ejecutivo sobre los medios.
También se oponen frontalmente a la regulación las principales empresas periodísticas del país, al valorar que el principal objetivo de la ley es limitar el número de licencias y por lo tanto controlar mejor a los medios que se autoricen.
El número de licencias a medios audiovisuales por empresa se reducirá de 24 a 10, al tiempo que serán válidas por 10 años, período en el que tendrán que ser revisadas por la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los medios disponibles se repartirán entre públicos, privados y sin ánimo de lucro, un tercio aproximado para cada grupo. También se abrirá el mercado argentino a la televisión de pago para las compañías que quieran ofrecer telefonía, internet y televisión, pero se impedirá a quienes no tengan televisión –de pago– la posibilidad de explotar los servicios de cable.
Para el Gobierno de Cristina Fernández, los monopolios se evitarán al impedir que una empresa acapare más del 35 por ciento del mercado audiovisual. Sin embargo, la oposición calcula que con el cupo no lucrativo para la Iglesia Católica o las universidades, y el porcentaje previsto para medios públicos, es posible que una sola empresa acapare los medios, la telefonía e internet de toda Argentina.
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