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Madrid (España), 20/11/06. OPI
Singapur, una ciudad-Estado en la que los elevados niveles de desarrollo económico contrastan con algunos de los más estrictos controles del mundo sobre la libre expresión, planea hacer más restrictivas las normas legales que regulan el acceso a internet.
La Southeast Asian Press Alliance (Alianza de Prensa del Sureste Asiático, SEAPA) manifestó su inquietud sobre las enmiendas propuestas, que son parte de una revisión del Código Penal.
El Gobierno se propone ampliar ciertos artículos del Código Penal para recoger los delitos cometidos a través de medios electrónicos. Según las enmiendas sugeridas, los autores de blogs y otros usuarios de internet podrían enfrentarse a sentencias de cárcel o multas por difamación al formular “declaraciones que causen molestias públicas” y “lastimen” los sentimientos raciales o religiosos.
Los documentos que se envíen por internet, incluso las grabaciones de video y sonido, podrían ser motivo de un proceso penal. Inclusive se contempla una estipulación que convierte en delictivo que cualquiera que viva fuera del país instigue a un delito cometido dentro del país, lo que permitiría a las autoridades procesar a usuarios de internet que vivan en el extranjero.
Las enmiendas propuestas al Código Penal llegan tras varios casos recientes que implican a autores de blogs.
Así, en abril de 2005, Jiahao Chen, que entonces estudiaba en Estados Unidos, fue obligado a cerrar su sitio web después de ser acusado de difamación por criticar un sistema de becas universitarias administrado por el Gobierno.
El 6 de noviembre de 2006, un juez ordenó a Yap Keng Ho, del opositor Partido Democrático de Singapur, que eliminase de su blog un video en el que se limitaba a hablar en favor de hablar en público ante las elecciones generales que se celebraron este año. Se presentaron cargos contra el autor del blog y otros dos acusados de hablar en público sin permiso.
Los límites a la libertad de palabra existentes en Singapur quedaron de manifiesto durante la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en septiembre. Las autoridades prohibieron las protestas al aire libre y negaron la entrada al país a los representantes de algunas organizaciones no gubernamentales.
La propuesta de reforma del Código Penal se presentará ante el Parlamento a principios de 2007.
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