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Madrid (España), 29/05/06. OPI
El Gobierno de Swazilandia abordará una revisión de sus polémicas leyes de medios de comunicación, según informa el Media Institute of Southern África (Instituto de los Medios de Comunicación del África Austral, MISA).
Está programado que la revisión comience en junio de 2006 y sigue a la adopción en febrero pasado de una nueva Constitución, que otorga libertades limitadas a los ciudadanos.
Un portavoz gubernamental declaró que se consultaría a todas las partes interesadas en los medios durante el proceso de revisión y que esta iniciativa no afectará a la preparación de una Ley de Acceso a la Información, actualmente en marcha.
Existen hasta 32 leyes de medios de comunicación “poco amistosas” en Swazilandia, según un estudio elaborado por MISA en 2003. Entre ellas, un decreto de 1973 que da al rey de Swazilandia amplios poderes para restringir las libertades de expresión, asociación y asamblea; y la Ley de Secretos, que prohíbe a los periodistas publicar información que el Gobierno considere secreta.
Según la investigación global de libertad de prensa 2006 de Freedom House, Swazilandia está clasificada como “no libre”. “La libertad de expresión está gravemente restringida, especialmente respecto a cuestiones políticas o asuntos relacionados con la familia real. En la ausencia de una declaración de derechos, no hay protección legal para periodistas y trabajadores de los medios en Swazilandia”, señala Freedom House.
Por otra parte, MISA Swazilandia y varias asociaciones de periodistas del país acordaron finalmente crear un organismo autorregulador voluntario para los medios, tres años después de que fue propuesto por primera vez. La Comisión de Quejas de Medios permitirá a cualquier ciudadano presentar quejas acerca de cobertura de los medios impresos y electrónicos. Será financiada por contribuciones mensuales de las organizaciones de medios participantes.
Los medios de Swazilandia han estado luchando para crear un mecanismo autorregulador voluntario desde 1997, cuando un Proyecto de Consejo de Medios impuesto por el gobierno fue desechado por el Parlamento a causa de una feroz oposición de periodistas y editores.
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