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Madrid (España), 17/01/01. Especial de AGP para OPI
AGP condena rotundamente las razones por las que ha sido cesado Silvio González como director general de Tele Madrid; aplaude, sin embargo, su salida de un cargo que le venía grande, en el que ha mostrado una actitud despótica con el personal y una notable incapacidad de gestión.
Mil motivos había para que se marchara, pero nunca este último que instala al presidente regional, Alberto Ruiz Gallardón, en el papel de gran censor de los contenidos de la que cree “su” televisión.
El Presidente de Madrid ha puesto las cosas en su sitio dejando claro lo que ya todos conocíamos: Las televisiones públicas están al servicio de los presidentes de los gobiernos correspondientes y no tienen otra opción que la obediencia ciega.
Por tanto, los males que las aquejan son ficticios, provocados por los intereses de los gobernantes de turno. Que quieren privatizarla: pues bien, se incumple la Ley, no se le da la correspondiente financiación y se difunde que existe una deuda insoportable. Que quieren subastarla: se generan convulsiones que “aconsejen” medidas urgentes… Y así sucesivamente, hasta que la ciudadanía crea cierta la mentira más falaz y mejor armada. Simultáneamente, a los directores generales más dóciles se les promueve a ministro o a diputado.
Los compañeros de Informativos de Tele Madrid lo han hecho bien y tienen todo nuestro apoyo y solidaridad. Incluso en el tratamiento de los temas más difíciles, a los periodistas no se nos puede pedir que seamos simples propagandistas de la idea oficial de los gobernantes de turno.
No puede ser este suceso un motivo más para la liquidación de las televisiones publicas que promueve el Partido Popular, sino todo lo contrario: un motivo más para la toma de conciencia de la necesidad imperiosa de una televisión pública de la dimensión actual, competitiva, independiente, pluralista y ética, donde el código deontológico de la profesión periodística no lo administren los gobernantes de turno.
AGP-UGT estudia promover una iniciativa pública que reclame la elección parlamentaria, por mayoría de dos tercios, de los directores generales de las radiotelevisiones públicas, su no coincidencia con los periodos electorales y que se cumpla la Ley en cuanto a su financiación. Es decir, garantizar la independencia de los medios públicos e impedir su desmantelamiento.
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